El Gobierno ha vuelto a aprobar, en cuestión de días y por una vía distinta a la habitual, los Decretos Maricarmen que el Congreso acababa de rechazar. Te explicamos, en términos sencillos, por qué esto genera dudas legales serias y qué podría pasar con los contratos de alquiler si, más adelante, no se convalidan o, aunque convalidándose, finalmente el Tribunal Constitucional los anula por ser inconstitucionales.
1. Qué ha pasado
A finales de septiembre, el Gobierno aprobó dos decretos con medidas urgentes en materia de vivienda, los RDL 26/2026 y 27/2026. El Congreso los rechazó a los pocos días. Tras la disolución del Parlamento que seguiría a esa crisis, el Gobierno volvió a aprobar, en cuestión de días, dos decretos prácticamente iguales a los rechazados, los RDL 28/2026 y 29/2026, esta vez pendientes de que los convalide un órgano reducido que representa al Congreso mientras no hay Parlamento en funciones, la Comisión Permanente.
2. Por qué genera dudas legales
La reaprobación plantea dos dudas de fondo. Primera: el órgano reducido que ahora debe convalidar estos decretos existe para que el país no se quede sin capacidad de reacción cuando el Congreso no puede reunirse, no para deshacer, casi de inmediato, una votación que el Congreso en pleno ya celebró y que el Gobierno perdió. Segunda: si la urgencia que justifica estos decretos era tan real hace solo unos días, cuando el texto anterior fue rechazado, resulta difícil de explicar por qué no se ha optado por tramitar una ley de forma ordinaria en su lugar.
3. Qué pasaría si se anulan estos decretos
Aquí está la clave para entender por qué este asunto importa de verdad: no es lo mismo que un decreto deje de aplicarse porque el Parlamento no lo convalida (solo deja de tener efecto hacia adelante), que un tribunal declare que nunca debió aprobarse (en cuyo caso se considera, en principio, que nunca existió). Los tribunales suelen proteger lo ya consolidado —prórrogas concedidas, desahucios ya suspendidos—, pero esa protección no está garantizada, y los casos aún pendientes de resolverse podrían verse directamente afectados.
4. Qué conviene hacer mientras tanto: recomendaciones prácticas
- Sigue cumpliendo la norma vigente. Mientras no se declare lo contrario, estos decretos son válidos y de obligado cumplimiento. No tiene sentido incumplirlos por anticipado confiando en una futura derogación por falta de convalidación o por una anulación por inconstitucionalidad que no está garantizada.
2. Deja constancia por escrito de que actúas «por imperativo legal». Si aceptas una prórroga extraordinaria, una reducción de renta o cualquier otra medida impuesta por estos decretos, hazlo constar expresamente como cumplimiento de una obligación legal vigente, no como un acuerdo libre entre las partes. Esa diferencia puede ser decisiva más adelante.
3. Evita firmar esas condiciones como si fueran un pacto propio e independiente. Si lo haces, podrías quedar vinculado a ellas aunque la norma que las impuso desaparezca después.
4. Guarda toda la documentación relacionada con la aplicación de estas medidas. Comunicaciones, fechas, importes y perjuicios concretos serán necesarios si, más adelante, decides reclamar.
5. Si sufres un perjuicio económico claro y cuantificable (por ejemplo, una renta muy por debajo de mercado o una suspensión de desahucio prolongada), ten presente que, si los decretos llegaran a anularse por el Tribunal Constitucional, podría abrirse la vía de reclamar una indemnización al Estado por ese daño. Empieza a documentarlo desde ahora, aunque la reclamación en sí solo tenga sentido más adelante.
6. No tomes decisiones irreversibles basándote en que estos decretos vayan a anularse. La incertidumbre puede prolongarse mucho tiempo, y hasta que no haya una resolución firme, lo prudente es actuar con cautela y dejando siempre constancia de tu posición.
En resumen
En definitiva: hay motivos fundados para dudar de que estos decretos se hayan aprobado correctamente, pero la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional, y puede tardar en llegar. La actitud más razonable no es ni ignorar la norma ni dar por hecho que caerá, sino cumplirla dejando constancia de que se hace por obligación legal, documentar cualquier perjuicio económico desde ya, y evitar comprometerse con decisiones que luego sean difíciles de deshacer.
